La nueva excusa
Volver luego de dos semanas de vacaciones y todavía encontrarse con el tema del campo se vuelve un poco frustrante, sobre todo por las señales de altanería que sigue dando el Gobierno (que parece que sigue sin entender por qué absorber las ganancias de un sector como si fuera su derecho causa tanto revuelo – una opinión sólo entendible si el Gobierno cree que a) siempre tiene la razón o b) cree en la teoría de que la economía es propiedad del Estado y el resto solo la alquilamos por un rato para jugar de acuerdo siempre a sus reglas; o una combinación de ambas)
Pero luego de tres largos meses, Cristina ha decidido dar la discusión por terminada (algunos diríamos que nunca comenzó). En una maniobra política para tratar de legitimizar los aumentos a las retenciones, finalmente lanzó un plan que dictamina que todo lo que se aumenta irá a causas sociales. La maniobra no es totalmente descabellada: por un lado le pone una cara al dinero, más allá de la de los productores, y queda (o intenta quedar) como Robin Hood, sacándole a los más ricos para distribuir hacia los más necesitados. Parecería genial. Pero no tan rápido.
Primero que nada, queda abierta la instrumentación de cómo se distribuirá el dinero. Considerando que llevamos 4 años de Kirchner y medio de Cristina utilizando la coparticipación federal como un sistema de premios y castigos a los intendentes y gobernadores, dependiendo de cuán cerca se alineen con el Gobierno, esto no es un problema menor. Si tenemos un sistema (el de coparticipación) que ya es falto de transparencia, agregar 800 millones de dólares a distribuir no va a solucionarlo, sino todo lo contrario. Si en verdad quieren que los productores estén de acuerdo con este plan, el destino de los fondos tiene que ser muy claro, y en gran parte ir a obras en las provincias productoras, sin importar su signo político. Algo me dice que terminarán en el conurbano, alimentando la estructura de pobreza y clientelismo que los Kirchner aprendieron a armar de Perón.
Pero, más fundamentalmente, hay una discordancia de fondo entre las razones dadas originalmente para las retenciones móviles y el destino de sus fondos a causas sociales. Si mal no recuerdo, lo que se dijo era que las retenciones se aumentaban en gran medida para reducir la sojización del país y disminuir su cultivo. Siguiendo esa lógica, una reducción del cultivo llevaría a una reducción de la recaudación por retenciones (porque hay menos producto para exportar), haciendo que estos fondos disminuyan con el tiempo. Lo cual implicaría que estas obras que ahora se pretende hacer quedarían sin fondos para hacerlas. Mal plan.
Por supuesto, muchos vimos al argumento de disminuir la sojización como simplemente una excusa cínica: lo que se pretendía desde siempre era capitalizar en las ganancias para llenar las arcas del Estado, en un momento en que el gasto público crece desmesuradamente como tiende a hacerlo en Argentina cada vez que tenemos algo de crecimiento. Con lo cual Cristina y sus ministros no esperan que la recaudación baje por menos producto exportable, sino que se mantenga. Pero en esto se equivocan: con mayores retenciones bien puede ser que la consecuencia sea, efectivamente, menos cultivo de soja y de otros productos gravados en exceso. Y con esto, estas obras pueden bien terminar desfinanciadas y creando aún más déficit para el país. Pero eso no importa, porque habrán servido su cometido: proveerle al gobierno de Cristina de una excusa socialmente aceptable en su pulseada con el campo.
Y al final los pobres, nuevamente, terminarán defraudados por un Gobierno que los sigue usando como excusa para sus fines políticos.
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