La oferta de sexo callejera se ha vuelto, en el último año, segunda en el ranking de contravenciones en cuanto a su número de citaciones, sólo sobrepasada por la venta callejera (aunque, en realidad, sea un sub-rubro de la misma…)
En este tiempo “K” en que vivimos, parece que falta la decisión política de hacer cumplir las leyes: ante tanto bombo sobre nuestro oscuro pasado, nadie quiere ser visto como el “represor”; ya sea de piqueteros, prostitutas de varias señas y colores, vendedores ambulantes de Palermo Soho o cualquier otro que está a contrapelo de las leyes. En algún momento se tiene que acabar, porque una sociedad que no respeta las leyes que ella misma se impone va en camino a la atomización.
Y si no estamos de acuerdo con las leyes, entonces cambiémoslas. Porque tener una ley en los libros sin la voluntad de hacerla cumplir no tiene sentido. Pero cuando la cambiemos, tengamos con un poquito de seriedad. Una “zona roja” sin regulación no es manera de reglamentar la prostitución – no protege a los clientes de infecciones venéreas, no protege a las practicantes de mafias, violencia y explotación; y no protege el patrimonio urbano de la zona elegida. Es el peor de todos los escenarios.
Si existe la voluntad (o al menos la resignación) de vivir con este tema en la mayoría de los habitantes, entonces reglamentemos cómo se va a ejercer: el modelo de Nevada (burdeles aprobados por el Estado, sin oferta callejera, que pagan un canon anual, donde quienes trabajan se someten a exámenes médicos regulares, dónde los clientes deben usar protección para todas las prácticas, donde los dueños tienen responsabilidad jurídica si alguien se contagiara de algo en su local) es un modelo para estudiar. Mientras tanto, no se puede hacer la vista gorda. La ley está, hay que cumplirla, hay que multar a quienes continúan quebrándola.
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