Defensa de la competencia
Hay demasiado peligro en el nuevo proyecto elevado por el Gobierno de modificaciones a la Ley de Defensa de la Competencia, que le daría al Ministerio de Economía (y por ende al Ejecutivo) la última palabra con respecto a qué empresas se pueden unir, que constituye monopolio, etc.
La ley presente es mala: quizás el principal problema que tengo con ella es que en vez de establecer el manejo de la competencia dentro del ámbito de la Justicia, la cual rinde cuentas a la Corte Suprema, la presente ley establece un Tribunal Nacional de Defensa de la Competencia dependiente del Ministerio de Economía. El problema es que este tribunal es elegido por el Ejecutivo, lo cual disminuye cualquier posibilidad de independencia y lo abre a presiones políticas.
Pero en vez de mejorar este mecanismo (o quitarlo a favor de pasar la revisión a la Justicia), el nuevo proyecto abre enormes posibilidades de corrupción. Porque no contento con digitar los miembros del Tribunal, ahora el Ejecutivo se adjudicaría el poder de última decisión por sobre este Tribunal, con lo cual si quedaba alguna posibilidad de independencia ahora no quedan dudas.
Es más, el mismo Lavagna argumenta a favor de este proceso diciendo que “si uno lo independiza (de la autoridad política que decide los lineamientos económicos) se corren serios riesgos” Error, el riesgo es en lo contrario: si uno lo ata a la autoridad política se crea un vacío jurídico y la decisión queda al vaivén de los designios del gobierno de turno. Difícilmente un escenario que aliente la inversión.
También los términos se hacen más ambiguos: con esta reforma el Ministro de Economía pasará a tener la última palabra en casos “que tengan alto impacto sobre el empleo o la inversión”. Ustedes se imaginarán como puede interpretarse este tipo de cláusula. Menos claridad, mas inestabilidad jurídica.
Siendo este el escenario: ¿qué credibilidad le queda a este organismo, en un país en que existe la sombra constante de la corrupción y el amiguismo? Si sacamos todo control independiente, creamos un criterio ambiguo y dejamos en manos del gobierno de turno decidir que es monopólico o no ¿cómo estamos protegiendo la competencia?
